¿De verdad somos iguales ante la ley?
Me estremece el espacio tan reducido que va a quedar a los demás para moverse cuando yo me vaya. No hay bestia mayor ni más feroz en este circo que el Estado, que hemos creado entre todos. Se puede uno reír tranquilamente de las multinacionales más poderosas o de países tan ufanos de sí mismos como Rusia o Estados Unidos. Son verdaderos pigmeos, comparado con el Estado de cada uno, que gestiona más de la mitad de todos los servicios y productos generados en nuestro recinto, además de tener los medios para vigilar y efectuar un seguimiento inmaculado de todo lo demás: suspiros, proyectos, productos y sueños.
Es aterrador constatar que la mayoría de la gente se pasa la vida intentando protegerse de amenazas que son risibles –los vecinos, el ruido, un desamor–, comparadas con el poder omnipresente del Estado. El único poder real, de cuerpo presente, es el Estado.
¿Estamos dispuestos a aceptar lo innegable: que el Estado y el ciudadano no son iguales ante la ley, que lo peor que le puede ocurrir a uno es tener al Estado en contra, aunque sea por error y durante un rato? La culpa no es de un personaje atrabiliario o de un partido político anticuado. Es de todos, los de ahora y los que los precedieron modulando un Estado blindado y mil veces privilegiado con relación al ciudadano.
Fue una idea que parecía inofensiva. Nuestros ancestros nómadas no necesitaban para nada al Estado. Fueron los primeros asentamientos agrícolas a los que se les ocurrió la idea de dar a un funcionario poder suficiente para guardar y multiplicar el primer excedente generado, hace unos diez mil años.
Aquel poder incipiente de custodiar los primeros activos colectivos se fue transformando, poco a poco, en un poder avasallador. Hasta el punto de que hoy el Estado está blindado y el ciudadano, indefenso: le puede poner a uno en la cárcel antes de saber cuál es la acusación, bloquear su cuenta corriente o incautarse de un coche que considera mal aparcado.
Los españoles pertenecemos a la categoría de colectivos a los que tradicional e históricamente preocupó mucho más la diferencia de clases y la injusticia social que las libertades individuales. Se perdona mal a los ricos y empresarios la ostentación y el agravio, mientras que los funcionarios públicos pueden difundir secretos, realizar escuchas, propagar infamias y otras mil maneras pergeñadas para el abuso del poder.
A medida que se fue perfeccionando la gestión de proyectos individuales y empresariales en el sector privado, se descubrió que elevar los niveles de eficacia por encima de un índice ya de por sí elevado generaba costes insoportables. Si quieres que el porcentaje de avería de una aspiradora disminuya del 2 al 1 por ciento, el coste puede ser demasiado alto para que valga la pena aumentar en tan poco la calidad. Este principio no ha sido aceptado todavía en el sector público, particularmente en los sistemas judiciales y fiscales, donde se continúa persiguiendo la injusticia hasta unos niveles de pretendida eficacia que provocan costes intolerables. En Hacienda, rebajar la cifra de 1 por mil a 0,75 por mil de los que evitan pagar impuestos por dar una conferencia puede suponer un coste tan elevado, que es más rentable aceptar que unos pocos no van a pagar por ese concepto.
Antes de 20 años, incluso en países como el nuestro, se abordarán las reformas para disminuir tanto los atropellos de las libertades individuales por parte del Estado como los cuantiosos dispendios económicos que genera perseguir ciertos niveles de eficacia. Yo ya no estaré cuando esto ocurra y no le digan a nadie, por favor, que lo había anticipado cuando todavía estaba mal visto y casi nadie se quejaba. Como dice el psicólogo Howard Gardner: cuando una idea es fácilmente aceptada es que no es creativa; por este criterio, la mía lo es.
Es aterrador constatar que la mayoría de la gente se pasa la vida intentando protegerse de amenazas que son risibles –los vecinos, el ruido, un desamor–, comparadas con el poder omnipresente del Estado. El único poder real, de cuerpo presente, es el Estado.
¿Estamos dispuestos a aceptar lo innegable: que el Estado y el ciudadano no son iguales ante la ley, que lo peor que le puede ocurrir a uno es tener al Estado en contra, aunque sea por error y durante un rato? La culpa no es de un personaje atrabiliario o de un partido político anticuado. Es de todos, los de ahora y los que los precedieron modulando un Estado blindado y mil veces privilegiado con relación al ciudadano.
Fue una idea que parecía inofensiva. Nuestros ancestros nómadas no necesitaban para nada al Estado. Fueron los primeros asentamientos agrícolas a los que se les ocurrió la idea de dar a un funcionario poder suficiente para guardar y multiplicar el primer excedente generado, hace unos diez mil años.
Aquel poder incipiente de custodiar los primeros activos colectivos se fue transformando, poco a poco, en un poder avasallador. Hasta el punto de que hoy el Estado está blindado y el ciudadano, indefenso: le puede poner a uno en la cárcel antes de saber cuál es la acusación, bloquear su cuenta corriente o incautarse de un coche que considera mal aparcado.
Los españoles pertenecemos a la categoría de colectivos a los que tradicional e históricamente preocupó mucho más la diferencia de clases y la injusticia social que las libertades individuales. Se perdona mal a los ricos y empresarios la ostentación y el agravio, mientras que los funcionarios públicos pueden difundir secretos, realizar escuchas, propagar infamias y otras mil maneras pergeñadas para el abuso del poder.
A medida que se fue perfeccionando la gestión de proyectos individuales y empresariales en el sector privado, se descubrió que elevar los niveles de eficacia por encima de un índice ya de por sí elevado generaba costes insoportables. Si quieres que el porcentaje de avería de una aspiradora disminuya del 2 al 1 por ciento, el coste puede ser demasiado alto para que valga la pena aumentar en tan poco la calidad. Este principio no ha sido aceptado todavía en el sector público, particularmente en los sistemas judiciales y fiscales, donde se continúa persiguiendo la injusticia hasta unos niveles de pretendida eficacia que provocan costes intolerables. En Hacienda, rebajar la cifra de 1 por mil a 0,75 por mil de los que evitan pagar impuestos por dar una conferencia puede suponer un coste tan elevado, que es más rentable aceptar que unos pocos no van a pagar por ese concepto.
Antes de 20 años, incluso en países como el nuestro, se abordarán las reformas para disminuir tanto los atropellos de las libertades individuales por parte del Estado como los cuantiosos dispendios económicos que genera perseguir ciertos niveles de eficacia. Yo ya no estaré cuando esto ocurra y no le digan a nadie, por favor, que lo había anticipado cuando todavía estaba mal visto y casi nadie se quejaba. Como dice el psicólogo Howard Gardner: cuando una idea es fácilmente aceptada es que no es creativa; por este criterio, la mía lo es.
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Publicado por VRedondoF para FyP el 10/05/2009 07:03:00 PM
