LUIS CALVO - MADRID - 26/07/2009 08:00
Cestas de navidad, botellas de vino, quesos, anchoas de Santoña, trajes, bolsos de lujo... Casi a diario, los políticos españoles reciben regalos, la mayoría inocentes, simples detalles marcados por el protocolo institucional, pero también otros de mayor valor, obsequios que tratan de inclinar la balanza en decisiones millonarias.
Lo ideal sería marcar el límite entre ambos. Permitir los primeros al tiempo que se atajan por completo los segundos. La pregunta es cómo. Los expertos consultados por Públicodifieren en la forma de abordar el problema: desde la regulación estricta a ladespenalización del cohecho. En lo que sí coinciden es en señalar la presión social como el mejor arma contra la corrupción. La permisividad social, por contra, fomenta las prácticas corruptas.
El 38% de los ejecutivos españoles considera lícito el soborno
Ese es, precisamente, la base de la última estrategia del PP. Aunque en un primer momento negaron rotundamente cualquier tipo de dádivas, los conservadores han optado ahora por apelar a la comprensión social. Durante semanas se han sucedido declaraciones quitando hierro a los caros presentes que presuntamente recibían los políticos valencianos de la trama corrupta.
Los trajes a medida de Francisco Camps y los bolsos de lujo de Rita Barberá pasaron de no existir a ser parte de la normalidad española. "Todos los políticos reciben regalos", certificó la alcaldesa valenciana, clamando al cielo por "la persecución" de la era objeto.
Incluso los billetes gratuitos de avión de los que disfrutaba uno de los vicepresidentes de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, se convirtieron en parte de una política empresarial hacia "líderes de opinión".
Castigo social
"Sin que exista un castigo social a ese tipo de prácticas, ninguna otra medida tendrá éxito", vaticina Gema Sanchez, doctora en Ciencias Políticas y profesora en la Universidad Complutense, que se declara partidaria de prohibir cualquier regalo no institucional. A su juicio, falta en España la percepción de que lo público es de todos y el daño repercute a todos. "En todas las esferas sociales, no sólo en política", especifica. El extendido fraude fiscal o la corrupción local son buenos ejemplos. "Los Gobiernos y alcaldes investigados por irregularidades salen reelegidos con mayorías absolutas", se lamenta Sánchez: "En otros países es impensable que no haya coste político".
Efectivamente, en muchos países occidentales, el control público ha entrado de lleno en el intercambio de regalos. En Estados Unidos, por ejemplo, ningún obsequio a un cargo público puede costar más de 20 dólares. En diversos Estados del norte de Europa se contemplan límites parecidos y los comisarios europeos tienen vetado aceptar nada cuyo coste supere los 150 euros.
Los comisarios europeos deben rechazar regalos de más de 150 euros
"Ese sería el límite que, como máximo, debería permitirse en España", sostiene Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien se queja de las enormes sombras que deja la legislación española: "La gente sabe que existen esos comportamientos grises, no penalizables pero poco estéticos, y no pasa nada. La diferencia fundamental es que se dé algo a cambio del regalo".
Fracaso de los códigos
Villoria, representante de Transparencia Internacional en España, es partidario de regular y sancionar en lo posible cualquier irregularidad a través del Código Penal. "Los Códigos de Buen Gobierno se han quedado en España en meros adornos, nadie los cumple. Es más, ni los leen", critica.
El del Gobierno central tiene, además, un problema extra. "La agencia que debe controlar el Código depende del Gobierno, no tiene independencia", denuncia Fernando Jiménez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia. "Si aumentara la transparencia del sistema, incluso con códigos propios de los partidos, también lo haría la confianza en los políticos", explica. Es la función que cumplen en otros países comisiones independientes formadas por políticos retirados de la primera línea, como en el Reino Unido. "Son soluciones baratas, con sólo un grupo de técnicos a su cargo, y que permiten una fiscalización estricta", asegura Jiménez.
En estos casos, la mayor de las sanciones es la publicidad de las actividades irregulares, algo que suele acabar con las carreras políticas de los implicados. De hecho, el escándalo que sacudió recientemente al Parlamento británico se llevó por delante a varios ministros y condenó a dejar la política a muchos diputados que habían abusado de sus gastos profesionales. Fernando Jiménez cree que "esa transparencia diaria tiene más efecto que las sanciones sin más".
Pero si algún país ha hecho bandera del control a sus funcionarios públicos, ese es Suecia. Victor Lapuente, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Gotemburgo, sostiene que la legislación nórdica permite "la interacción pero no el intercambio de influencias". Existe, además, "una clara diferencia entre la permisividad del sur y el norte de Europa en temas relacionados con la corrupción".
Activar la alarma
Además de limitar el coste de los obsequios, la legislación sueca establece medidas de control para quien se salte las restricciones. Así, cualquier funcionario que se anime a denunciar ante los medios las irregularidades de sus superiores cuenta con protección especial. La figura del whistle-blower (quien facilita información desde dentro de una organización) pasa a ser secreta y no puede ser investigada por el denunciado bajo pena de sanciones gravísimas.
Los políticos no pagan en las urnas por los escándalos que les afectan
Esa misma línea, de máxima transparencia y bolsillos de cristal, es la que defiende Javier Lorenzo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal del Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos. En su caso, Lorenzo extiende la necesida de controles al mundo empresarial: "La diferencia estriba en el peso y la intención de los regalos. Una cosa es el intercambio de banderines entre dos equipos, como la anchoas del Gobierno cántabro, y otra distinta una prima por un fichaje, como una gratificación por servicios prestados. La primera en política es comprensible, la segunda condenable en todos sus aspectos". A juicio de Lorenzo, el origen del problema está en la creencia instaurada de que las decisiones políticas no son ecuánimes y responden a intereses ocultos.
Un dato refuerza su argumento. Según un estudio de la consultora Ernst & Young, uno de cada cuatro ejecutivos de empresas europeas considera el soborno una herramienta lícita para mantenerse en el mercado. En España, el índice aumenta a casi dos de cada cinco, el 38%.
"Si no hay nada que ocultar, hagamos públicos el patrimonio y sueldos de quienes toman las decisiones y las cuentas de las empresas", propone Lorenzo. "Al menos, así la clase política no pagará los errores de unos pocos".
Jorge Vizueta, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, propone en cambio despenalizar el cohecho y limitar las sanciones al ámbito disciplinario. Además de poner en duda que se puedan reflejar de forma concreta todas las prohibiciones, Vizueta cree que "lo que realmente asusta a los corruptos es asumir la responsabilidad política". A su juicio, son los partidos quienes deberían evitar cualquier regalo. A tenor de lo que ocurre con el caso Gürtel, salta a la vista que no es así.
